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 Una jueza federal en California ordenó al gobierno de Estados Unidos la inmediata puesta en libertad de niños migrantes retenidos en centros de detención para familias “sin dilación innecesaria”, y que, en la medida de lo posible, estén acompañados por sus madres, según documentos judiciales. 

Tras desestimar los últimos argumentos de Washington al considerarlos “reempacados y recalentados”, la magistrada señaló que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está violando un acuerdo legal firmado hace tiempo en el que se estipula que los migrantes menores no pueden ser retenidos en centros de seguridad sin licencia, y dio a la agencia hasta el 23 de octubre para cumplir su orden. 

Dos centros en Texas y uno en Pennsylvania tenían detenidas a unas 1,400 personas recientemente, en su mayoría centroamericanos que buscan asilo tras escapar de violencia en sus países. 

El gobernador Jerry Brown firmó una ley que retira el término “extranjero” del Código Laboral de California. 

El gobierno había apelado el fallo de la jueza, diciendo que las instalaciones habían sido convertidas en centros de procesamiento a corto plazo. 

Pero Gee dijo en su orden que el gobierno sigue violando un acuerdo legal que prohíbe que niños inmigrantes sean detenidos en centros no licenciados. 

Los abogados del gobierno habían solicitado a Gee que reconsiderara su decisión, afirmando que el departamento ya está haciendo todo lo posible para atender rápido a las familias en esta situación y que los centros se han convertido en instalaciones de procesamiento de corto plazo. 

Los letrados del departamento están estudiando el fallo, dijo Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia el viernes por la noche. 

Esta es la segunda vez que Gee determina que la detención de menores viola parte de un acuerdo alcanzado en 1997 en un caso anterior. El pacto exige que los niños sean entregados a un familiar o queden bajo una custodia apropiada, sin seguridad, en cinco días. Si hay una gran afluencia de niños, los plazos pueden ser más largos, pero en virtud de esa norma deben quedar libres lo antes posible. 

En su orden, Gee respondió que los funcionarios de inmigración “fracasaron de manera rutinaria para proceder con la mayor rapidez a reubicar a los menores acompañados”. 

Una delegación de 16 líderes religiosos viajará a Centroamérica para investigar la crisis humanitaria de los niños de la frontera. 

Peter Schey, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, dijo que la orden del tribunal “protegerá a los niños refugiados y sus madres ante detenciones prolongadas y totalmente sin sentido.” 

El gobierno ha canalizado millones de dólares a dos grandes centros de detención en Texas para mujeres y niños después de que miles de familias de inmigrantes, en su mayoría procedentes de América Central, cruzaran el verano pasado hacia Estados Unidos desde México. Muchas de esas familias solicitaron asilo tras huir de la violencia de las pandillas y doméstica en sus países. 

En el fallo del viernes, Gee cuestionó el argumento de Seguridad Nacional de que limitar drásticamente o terminar con este tipo de detenciones familiares podría alimentar otra oleada migratoria y dijo que la idea era “especulativa en el mejor de los casos” y “alarmista”. 

Sin embargo, es poco probable que en el corto plazo ocurra una liberación masiva. 

 

Es posible que el gobierno apele nuevamente esta sentencia. Un grupo de abogados federales habían argumentado que la decisión inicial de Gee desencadenaría otro aumento en la inmigración sin papeles a través de la fro 



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